Como principales acusados del mayor plan de defraudación aduanera aparecen el expresidente Otto Pérez Molina y su exvicepresidenta Roxana Baldetti, quienes este lunes volvieron a considerarse inocentes de los cargos imputados por el Ministerio Público ante la jueza Jeannette Valdés, del Tribunal de Mayor Riesgo B.
También otros sindicados, de un total de 29, hicieron uso de la última palabra, en su mayoría peticiones de absolución porque, aseguraron, no hay pruebas que los incriminen en los hechos.
La semana pasada, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad presentó las conclusiones del proceso y pidió para todos los implicados condenas de prisión por los delitos de defraudación tributaria, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
En particular, solicitó 30 años para Pérez Molina y Baldetti, por liderar la estructura criminal.
En sus palabras en esta última sesión, la jueza Valdés insistió en que en Guatemala sí hay independencia judicial y calificó de muy complicado este proceso.
«Ha sido agotador conocer esta causa (…) por lo complejo del asunto y por qué no decirlo, es un caso muy mediático», aseguró.
«No podemos salir y decir que no creemos en un sistema. La no interferencia es lo más importante. En lo personal les puedo decir que son 30 años de servicio en el Organismo Judicial, de los cuales para mí ha sido muy importante defender esa independencia», enfatizó.
También llamó la atención que al concluir la audiencia, procesados y abogados celebraron con abrazos, risas y autorretratos, algo inusual en un expediente de alto impacto como este, advirtieron analistas.
La Línea salió a la luz pública en abril de 2015 y provocó la caída del gobierno de Pérez Molina, quien renunció en septiembre de ese año bajo la presión de multitudinarias manifestaciones por varias semanas en la capitalina Plaza de la Constitución.
El exgobernante, de 71 años, permaneció en prisión preventiva durante siete años, tiempo que tomó al sistema de justicia agotar todas las fases del emblemático caso.
La investigación sirvió para poner en evidencia otros tantos expedientes de estructuras criminales que operaban con impunidad en el Estado.
No obstante, muchos de los fiscales que iniciaron estos procesos tuvieron que salir del país por presiones y persecución penal en su contra, según declararon públicamente.
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