El movimiento Revolución Ciudadana emitió este martes un comunicado en el cual asevera que el uso de la justicia como estrategia busca matar las ideas progresistas y restringir los derechos de participación política, y eso no es democracia.
Este es un nuevo capítulo en su contra, con una sentencia que estaba previamente escrita y pretende evitar su participación en las próximas elecciones presidenciales, advierte el documento.
La prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pabón, enfatizó que la sentencia contra la vicemandataria argentina es un acto de violencia política de género y una muestra más de la persecución judicial sistemática a líderes y lideresas de América Latina.
“Mi solidaridad y cariño contigo, querida compañera. Eres referente de las causas justas de los desposeídos”, expresó Pabón en su cuenta de Twitter luego del veredicto por supuestas irregularidades en la adjudicación de obras.
Por su parte, la asambleísta Gissela Garzón, de Revolución Ciudadana, recordó cómo el lawfare (judicialización de la política) golpea a la democracia, algo que se vive en Ecuador.
En un mensaje a través de redes sociales, la legisladora advierte que la persecución a líderes progresistas no silencian sus ideas ni borran sus obras, y mencionó a dos ecuatorianos víctimas de procesos similares: el expresidente Rafael Correa y la antigua jefa del parlamento Gabriela Rivadeneira.
El también asambleísta Walter Gomez expresó su apoyó a la vicepresidenta de Argentina y aseveró que no le perdonan haber puesto un plato de comida en la mesa de los pobres de su Patria, “La historia te absolverá…¡Somos millones contigo!”, subrayó el político ecuatoriano.
El veredicto contra Fernández corresponde a la llamada Causa Vialidad por supuesta administración fraudulenta en perjuicio de la gestión pública, hechos que rechazó y desmintió durante tres años de audiencias.
Como dije en 2019, la condena estaba escrita, aseveró la exjefa de Estado acusada y recordó que el juez Julián Ercolini, quien instruyó el proceso, se declaró incompetente años atrás y remitió el caso a ese territorio, donde fue sobreseído.
El Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) resucitó la causa como por arte de magia y Ercolini la trajo de vuelta.
Este martes, la vicemandataria denunció la existencia de un Estado paralelo, una mafia y un partido judicial que la procesaron por delitos que no cometió.
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