Tal veredicto corresponde a la llamada Causa Vialidad por supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras en la provincia argentina de Santa Cruz entre 2003-2015, hechos que Fernández rechazó y desmintió durante tres años de audiencias.
«Todo apoyo a la compañera @CFKArgentina, víctima de persecución y politización del Poder Judicial. El PT está a su lado, fuerza, ¡la verdad vencerá!», escribió la presidenta de la organización política, Gleisi Hoffmann, en la red social Twitter.
En la misma arista, la exmandataria Dilma Rousseff, miembro del PT, rasgueó que «la vicepresidenta Cristina Kirchner viene enfrentando de manera valiente la saña mediática y judicial en Argentina».
Alertó que «como (Luiz Inácio) Lula (da Silva), aquí en Brasil, Cristina Fernández es víctima de lawfare, el uso del aparato judicial para justificar la persecución política por parte de segmentos del Judiciario y el Ministerio Público».
Para Rousseff, «estamos viendo una vez más cómo el principio de la imparcialidad de la justicia y los jueces está siendo completamente distorsionado».
De igual manera, recalcó, «cómo el aparato legal está siendo utilizado como arma para perseguir y buscar la destrucción política de nuestros líderes progresistas más importantes».
Recientemente, la exjefa de Estado argentina aseguró estar ante un pelotón de fusilamiento que tiene por objetivo estigmatizar al peronismo (movimiento creado a partir del pensamiento del militar y estadista Juan Domingo Perón) y alertó que la sentencia en su contra estaba escrita desde el inicio.
Me quieren presa o muerta, apuntó al advertir sobre los discursos de odio, el intento de asesinato del 1 de septiembre y la persecución judicial en su contra. Este martes, Fernández denunció la existencia de un Estado paralelo, una mafia y un partido judicial que la procesaron por delitos que no cometió.
Como dije en 2019, la condena estaba escrita, aseveró y recordó que el juez Julián Ercolini, quien instruyó el proceso, se declaró incompetente años atrás y remitió el caso a ese territorio, donde fue sobreseído.
El Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) resucitó la causa como por arte de magia y Ercolini la trajo de vuelta.
Me procesan por administración fraudulenta, pero, de acuerdo con la Constitución, el presidente no es responsable de la gerencia y ejecución del presupuesto, lo cual está a cargo del jefe de Gabinete, explicó Fernández.
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