El plebiscito se efectuará el 5 de febrero de 2023 y así coincidirá con los comicios para elegir a las autoridades locales y municipales, así como a nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
La consulta impulsada por el mandatario, para la cual se destinarán 18,08 millones de dólares, contiene ocho preguntas sobre asuntos como medio ambiente, seguridad, transparencia, registro de partidos políticos, conformación del legislativo y las atribuciones del Cpccs.
De acuerdo con el CNE, las organizaciones sociales y políticas que deseen participar para promover cualquiera de las dos opciones (“Sí” o “No”), podrán hacerlo desde el jueves 8 de diciembre hasta el lunes 12 de diciembre de 2022.
Igualmente, aclararon que la campaña electoral se llevará a cabo desde el martes 3 de enero hasta el jueves 2 de febrero de 2023.
La consulta popular genera polémica en la sociedad ecuatoriana, pues algunos a consideran innecesaria e ineficaz para resolver los problemas nacionales.
En un mensaje transmitido este martes en cadena nacional, Lasso defendió su propuesta y aseguró que el referendo es una herramienta para derrotar al principal enemigo de todos: la narcodelincuencia y el crimen organizado.
La bancada legislativa de la alianza Unión por la Esperanza rechazó el procedimiento por considerarlo una cortina de humo que usa el Gobierno en busca de oxígeno tras un año y medio de incompetencias en todo nivel.
Para el abogado Mauro Andino existen preguntas “gancho” como las relacionadas con la reducción de asambleístas y de organizaciones políticas que en un contexto de crisis económica buscan seducir a la opinión pública y eso en la práctica haría la diferencia.
En las calles muchos ecuatorianos ni siquiera entienden a profundidad de qué tratan los cuestionamientos sobre los que deberán votar, pues están concentrados en sus dilemas cotidianos falta de empleo, pobreza, migración, temas no tratados en la iniciativa gubernamental.
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