Mientras organizaciones sociales rechazaban en las calles la persecución en su contra, el Tribunal Oral Federal 2 sentenció a la también titular del Senado por supuesta administración fraudulenta en perjuicio de la gestión pública.
Dicho veredicto corresponde a la llamada Causa Vialidad por presuntas irregularidades en la adjudicación de 51 obras en la provincia de Santa Cruz entre 2003-2015, hechos que la vicemandataria rechazó y desmintió durante los tres años de audiencias.
La expresidenta señaló la existencia de una junta de jueces y funcionarios -al estilo de los militares de la dictadura (1976-1983)- que gobierna y decide por fuera de todos los estamentos.
Aseguró además que su inhabilitación es la verdadera condena buscada por los contrarios al peronismo.
“No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicemandataria a que la maltraten en período electoral”, aseveró Fernández al descartar su postulación en 2023.
“Magnetto (Héctor Horacio, director ejecutivo del grupo Clarín) podrá dar la orden a sus esbirros de Casación y la Corte Suprema para que me detengan, pero mascota suya no seré jamás.
Todo eso si antes a algunos empresarios no se les ocurre financiar a otras bandas de marginales para que me peguen un tiro, pues me quieren presa o muerta”, afirmó.
Asimismo, subrayó que la procesan por los gobiernos que se ganaron de manera democrática en nombre del peronismo con el apellido Kirchner en 2003, 2007, 2011 y 2019.
“Esto es lo que me están cobrando y por eso me inhabilitan: por impulsar un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo”, indicó.
Integrantes de organizaciones sociales, sindicales y políticas permanecieron durante horas en las calles como muestra de apoyo a Cristina Fernández, y para denunciar las violaciones cometidas durante el amañado proceso judicial.
Tras conocerse el veredicto, el presidente Alberto Fernández, ministros, legisladores del Frente de Todos, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la Secretaría de Derechos Humanos, la Confederación General del Trabajo, el Partido Justicialista y otros organizaciones rechazaron las agresiones contra la vicemandataria y aseguraron que está en marcha un golpe para proscribirla.
(Tomado de Orbe)
