Lastimosamente tanto unos como otros están quebrantados, atropellados por el propio Estado, que debería ser su garante, lamentó Marcial Gómez, secretario general adjunto de la Federación Nacional Campesina (FNC), una de las organizadoras de la actividad.
“Uno de los temas principales es el problema de la tierra. Desde el Gobierno, cada vez más se criminaliza su lucha, hay persecución, desalojo, atropello a comunidades campesinas e indígenas”, señaló.
Eso, agregó el líder sindical campesino, en vez de garantizar el acceso a la tierra, a la producción, a la vivienda, al bienestar, a la alimentación, a la salud, al agua.
Pidió el respeto a los luchadores sociales, a los defensores y defensoras de derechos humanos, que cada vez más están criminalizados, perseguidos, algunos en la cárcel, advirtió.
Denunció que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra “prácticamente está sin presupuesto para compra de tierra”, mientras el Instituto Paraguayo del Indígena tampoco tiene fondos para atender las necesidades de los pueblos indígenas.
En las mismas condiciones, el Ministerio de Agricultura está cada vez con menos recursos, detalló Gómez, ante representantes de distintas organizaciones sociales provenientes de comunidades del Chaco, de esta capital, Central y otros puntos del interior.
En cuanto al derecho a la educación y la salud, describió que los hospitales están sin medicamentos y las escuelas “totalmente abandonadas”, remarcó.
Los participantes, después del Ministerio Público, se dirigieron a la cartera del Interior, para protestar contra “la política represiva que hay en nuestro país”, según declaraciones divulgadas por el diario ABC.
Un acto central tuvo lugar en la Plaza de la Democracia con Mario Rivarola, representante indígena, Teodilona Villalba, de la FNC, y Dante Leguizamón, de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay.
La Asociación Unidas en la Esperanza presentó el informe “Violencia hacia las mujeres trabajadores sexuales en Latinoamérica y el Caribe 2021. Capítulo Paraguay”.
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