Un comunicado de esa cartera expresa su preocupación por el Proyecto de Ley en estudio por el Legislativo contra lo que califica de “un tratado internacional vigente, firmado, aprobado y debidamente ratificado conforme a lo dispuesto por los mandatos constitucionales”.
Toda decisión sobre el convenio de referencia –añade el texto- debe respetar el ordenamiento jurídico nacional y el sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control entre los Poderes del Estado, consagrado en el Artículo 3 de la Carta Magna.
La Cancillería considera que el Estado paraguayo está obligado a cumplir los términos del acuerdo sobre la base de la buena fe, lo cual “genera responsabilidades recíprocas”.
El Gobierno alertó días atrás que el fin de esa ayuda de la UE al sector educacional paraguayo, ascendente a 38 millones de euros, de triunfar la propuesta parlamentaria de renunciar a ella, afectaría a unos 75 mil estudiantes.
Según el director de administración del Ministerio de Educación y Ciencias, Óscar Stark, también 47 mil bachilleres quedarían sin kits escolares y sin vauchers para sus estudios científicos, de faltar ese respaldo europeo.
El presidente Mario Abdo Benítez adelantó que vetará la ley, al caracterizar de “irresponsable” la aprobación por la Cámara de Diputados del proyecto contra el apoyo de la UE para el desarrollo del plan nacional de transformación educativa.
La autoridad consideró una “falta de madurez” el rechazo a 38 millones de euros de cooperación no reembolsable para la formación educacional y atribuyó esa decisión a «una campaña de manipulación con fines electorales».
Grupos de padres protagonizaron en las últimas semanas varias marchas convocadas por la Red Ciudadana por la Niñez y la Adolescencia “en defensa de la patria potestad, la educación y la soberanía docente”.
Por su parte, varias organizaciones y familiares de los educandos rechazan las donaciones foráneas con imposiciones que, afirman, atentan contra la integridad física, psíquica y espiritual de los niños.
La posición contra la ayuda de la UE y otras entidades extranjeras al sector educacional es impugnada, además, por varios gremios de docentes, que exigen reiniciar el proceso de mejoramiento educativo apegado a las leyes y a la Constitución.
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