En conferencia de prensa, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Lita Boitano; y la integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Taty Almeida, manifestaron su rechazo a la reciente condena a Fernández y leyeron un comunicado conjunto.
También firmaron el texto el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, miembros de Hijos Capital, la Asociación Buena Memoria, el Servicio Paz y Justicia, el Movimiento Nacional Campesino Indígena-Vía Campesina, Mujeres sobrevivientes de las dictaduras y el Colectivo de Afrodescendientes Misioneros, entre otras agrupaciones.
Vivimos momentos que nos llenan de temor. Hace poco vimos cómo trataron de asesinar a nuestra vicemandataria y el sector más cuestionado de la justicia federal eligió sesgar la investigación y no profundizar en las pistas, cercenando así la posibilidad de mostrar quiénes son los responsables ideológicos o instigadores de este intento de magnicidio, señaló el documento.
El 6 de este mes, el Tribunal Oral Federal 2 la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por supuesta administración fraudulenta. Esta corte política busca, a través de una sentencia sin pruebas, proscribir de por vida a la principal dirigente política de nuestro país, añadió.
Las organizaciones suscribientes aseguraron que lo anterior “demuestra la existencia del lawfare: una persecución judicial, mediática y de los poderes concentrados de la economía a líderes populares que defienden los intereses de los sectores más desprotegidos”.
Asimismo, señalaron que lo mismo ocurrió con la dirigente de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, quien lleva más de dos mil 500 días detenida.
Esto sucede también en varias naciones de la región y hace frágil el sistema democrático del continente. No podemos dejar de observar las coincidencias entre lo sucedido con Fernández y con el presidente electo de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue encarcelado tras un juicio bochornoso, sin garantías constitucionales, apuntó el texto.
No obstante, consideró que los pueblos no olvidan y son capaces de luchar con fuerza.
Llamamos a los ciudadanos a tomar conciencia de lo peligroso que puede ser un poder judicial que se coloca por arriba de la voluntad popular, expresó y advirtió sobre la presencia de un Estado paralelo.
Por otra parte, denunció “la connivencia impúdica entre jueces, fiscales, funcionarios, agentes de inteligencia e importantes empresarios de medios de prensa”.
Quedó en evidencia cómo actúan, desconociendo las reglas de la democracia y la soberanía: son la mafia judicial, indicó el comunicado.
La vigencia de un acuerdo democrático durante casi 40 años, requiere que seamos capaces de juzgar a los responsables de los delitos del período de mayor horror de nuestra historia, pero también que no haya proscripción, persecución o cárcel sobre aquellos que representan los intereses populares, concluyó.
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