La decisión la tomó la jueza Jeannette Valdés, al frente del Tribunal de Mayor Riesgo «B», luego de rechazar la víspera una petición millonaria por daños y perjuicios solicitada por la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Según Valdés, el requerimiento fue impertinente e inútil, además que no especificaba los montos para cada una de las 18 personas finalmente sentenciadas por el emblemático expediente de defraudación aduanera.
En su argumentación, el Tribunal consideró que tanto Pérez Molina como Baldetti solo abonarán al Estado el 20 por ciento de la multa impuesta junto a la condena de 16 años de prisión, tras ser declarados culpables el pasado miércoles de los delitos de caso especial de defraudación aduanera y asociación ilícita.
Este martes, también se definieron los montos a pagar por los denominados mandos medios de la estructura (cinco personas) y los extécnicos aduaneros (nueve).
El caso La Línea llegó a su fin después de siete años, luego de que la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala revelara la existencia de una red de cobros ilícitos a importadores para reducir impuestos con participación de los exgobernantes.
De un total de 29 implicados, 18 recibieron condenas y 11 resultaron absueltos.
La trama de corrupción La Línea fue emblemática a escala nacional e internacional, pues meses después provocó la renuncia primero de Baldetti y después, de Pérez Molina, bajo la presión de multitudinarias manifestaciones en 2015.
El exjefe de Estado tiene pendiente otro proceso por cobros ilícitos en diferentes instituciones del Estado durante su mandato, en tanto la exvicepresidenta recibió una condena de 15 años de prisión en 2018 por otro caso de connotación ambiental.
Con la resolución de la reparación y la responsabilidad penal con los castigos impuestos a los acusados, se integra la sentencia escrita, pero no podrá ejecutarse hasta que quede firme, lo cual implica que no existan impugnaciones pendientes de resolución.
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