Dicha entidad, las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), los Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y otros organismos, convocaron a una conferencia de prensa que tendrá lugar a las 10:30, hora local, en el Museo Sitio de Memoria ESMA (antigua Escuela de Mecánica de la Armada).
En una nación con políticas de memoria, verdad y justicia activas, más de mil genocidas condenados, 130 nietos restituidos y casi 40 años de democracia, denunciamos la grave situación institucional que vivimos, señala un comunicado de esas agrupaciones.
Además, precisa que la cita se realizará en el marco de las actividades para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos y de la Restauración de la Democracia, celebrado cada 10 de diciembre.
El 6 de este mes, el Tribunal Oral Federal 2 impuso una pena de seis años en prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la vicepresidenta Cristina Fernández por supuesta administración fraudulenta en perjuicio de la gestión pública.
Dicho veredicto corresponde a la llamada Causa Vialidad por presuntas irregularidades en la adjudicación de 51 obras en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, hechos que la exmandataria rechazó y desmintió durante tres años de audiencias.
Fernández señaló la existencia de un Estado paralelo, una mafia y un partido judicial que la procesaron por delitos que no cometió.
Además, aseguró que su inhabilitación es la verdadera condena buscada por los contrarios al peronismo.
Por otra parte, el Gobierno argentino presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche para que investigue un viaje realizado por jueces, fiscales, exfuncionarios públicos y exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia.
Por instrucción del presidente Alberto Fernández, se solicitó una indagación por incumplimiento de deberes y admisión de dádivas contra esas personas, quienes se trasladaron en un avión privado a Lago Escondido, en la provincia de Río Negro, y pasaron un fin de semana en una mansión del empresario británico Joe Lewis.
En caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y otras actividades de los funcionarios no fueron solventados por ellos, sino por privados, estaríamos ante la existencia de diversos delitos que el Ministerio Público Fiscal tiene el deber de investigar y sancionar, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, explica el texto presentado.
Entre los implicados se encuentra el juez Julián Ercolini, quien instruyó el proceso en contra de la exjefa de Estado.
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