Tras un análisis jurídico, el gobierno ecuatoriano concluyó que según el artículo III de la Convención de Caracas de 1954 -del que ambos países son parte- no es lícito conceder asilo a una persona condenada por hechos de corrupción, señala un comunicado oficial.
Más temprano este martes, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana convocó al embajador argentino, Gabriel Marcelo Fucks, para pedirle explicaciones sobre la supuesta presión para conceder el permiso.
Duarte se encuentra desde hace dos años junto a su hijo, de nacionalidad argentina, en la embajada de ese país en Quito en calidad de «huésped por razones humanitarias».
Allí solicitó asilo tras la persecución que el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021), apoyado por el poder judicial, impulsó contra los seguidores de Correa.
Sin el salvoconducto corre el riesgo de ser apresada en su traslado hacia Argentina.
La exministra de Transporte y Obras Públicas fue sentenciada a ocho años de privación de libertad como parte del caso Sobornos, misma causa por la cual resultó condenado el exmandatario líder de la Revolución Ciudadana.
La cancillería recordó en su comunicado que todo ese proceso se desarrolló antes de la llegada al poder del gobierno del presidente Guillermo Lasso y subrayó que la señora Duarte no ha cumplido su pena.
Desde que informaron sobre el asilo a inicios de este mes, el ejecutivo ecuatoriano dejó clara su inconformidad con la decisión de Buenos Aires al señalar la imposibilidad de concederlo a personas condenadas por delitos comunes.
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