«Hemos dado un paso necesario y espero decisivo para avanzar en un nuevo pacto social por una mejor democracia, libertades y derechos sociales. Chile no puede seguir esperando», dijo el gobernante.
Tras una reunión con los titulares del Senado, Álvaro Elizalde; de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, el mandatario señaló que luego de varias semanas intensas, los negociadores devolvieron al país la posibilidad de contar con una nueva ley fundamental.
En realidad fueron casi 90 días de tratativas luego del resultado del plebiscito del 4 de septiembre, cuando la opción al rechazo a un primer proyecto constitucional se impuso por el 62 por ciento.
El Congreso aprobó la formación de un Consejo Constitucional, formado por 50 miembros elegidos por voto popular y obligatorio, más 24 expertos nombrados a partes iguales entre los diputados y senadores.
A ese órgano se le debe agregar un número aun por especificar de escaños, reservados para los pueblos indígenas chilenos.
Se negaron a firmar el documento los partidos De la Gente y el Republicano, este último de extrema derecha, pero los diputados y senadores que los representan en el Parlamento no son suficientes para frenar los acuerdos.
Algunas personas alertaron sobre el mecanismo escogido para redactar el nuevo texto, entre ellas Camila Zárate, del colectivo Pueblo Constituyente, quien mencionó el riesgo de obtener una carta magna muy parecida a la actual, en la cual se resguarden los beneficios de una minoría.
Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista de Chile, explicó que la posición original de su organización era formar un equipo de 100 constitucionalistas totalmente elegidos por la población.
Sin embargo, agregó, en un recinto como el Congreso con tantas posiciones encontradas y hasta contrapuestas, la única manera de lograr un acuerdo era que todos cedieran un poco.
Según el calendario fijado, el grupo de expertos comenzará a trabajar en enero próximo, los miembros del Consejo serán electos en abril y tomarán su cargo en mayo y el nuevo texto debe estar terminado a más tardar el 21 de octubre de 2023.
El plebiscito para su ratificación se celebrará el último domingo de noviembre del año venidero, o el 1 de diciembre.
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