Según las nuevas normativas, el Gobierno puede requerir el almacenamiento aquí de los archivos considerados vitales de determinadas áreas que generen los procesadores domésticos.
Dotan al Ministerio de potestad para supervisar las informaciones destinadas al extranjero, así como gestionar y aprobar las solicitudes de agencias internacionales de las ramas industrial, de telecomunicaciones y legales con vistas a acceder a los datos, sobre el principio de igualdad y reciprocidad.
Las regulaciones definen como sensible a todo lo relacionado con los ámbitos político, territorial, militar, económico, científico-técnico, cibernético, ecológico, seguridad nuclear y a los intereses de seguridad nacional. Se esperan que entren completamente en vigor el próximo 1 de enero.
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