El informe de 60 mil 218 detenidos por presuntamente ser pandilleros o colaborar con estos grupos divulgado la víspera por el Fiscal General, Rodolfo Delgado, es un resultado sorprendente para los que pusieron en duda el éxito de la política gubernamental.
El enfrentamiento a las maras o pandilleros, una salvedad que habría que hacer pues si le dices maras a un pandillero de la Barrio 18 hasta puede matar, según entendidos en el tema, hasta ahora ayudó e mejorar la seguridad del país.
La aplicación del estado de excepción a partir del 27 de marzo de este año cuando en un fin de semana se produjeron 87 homicidios marcó un antes y un después en el combate a la violencia, pese las críticas de que tal acción es inconstitucional y viola derechos humanos, estiman analistas.
En ese sentido se pronuncian organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un órgano principal y “autónomo” de la Organización de Estados Americanos, que ahora ve más de lo que nunca vio en décadas pasadas cuando regímenes afines a Estados Unidos masacraban a su población.
La medida es cuestionada por diferentes organismos humanitarios por presuntas violaciones de los derechos humanos.
Según Delgado los que ahora están a la sombra en las cárceles estaban formando empresas criminales que tenían como objetivo cooptar al Estado y realizaban una infinidad de actividades criminales.
La Marasalvatruchas (MS-13) y la pandilla Barrio 18 (B-18) se establecieron en El Salvador y se consolidaron como las dos grandes pandillas una vez acabado el conflicto armado de finales del siglo XX.
Según antecedentes, su rápido crecimiento y expansión fue producto del contexto sociopolítico de la posguerra caracterizado por la violencia homicida, la delincuencia de las bandas del crimen organizado, el abandono estatal, entre otros.
Pese a los resultados aquí, los países de la Comunidad de Estados del Caribe no se lanzan aun a seguir el ejemplo de El Salvador y, por ejemplo, en Haití las bandas armadas tienen el control de gran parte del país, se enfrentan a la policía, secuestran para pedir rescate, como ocurre en otros estados miembros del grupo.
Los resultados en esta pequeña nación centroamericana son innegables, según analistas, que señalan que a casi nueve meses de entrar en vigor el régimen de excepción, las autoridades le cortaron las alas a los cerca de 900 cabecillas de ‘clicas’ (células) y a 10 jefes superiores de los 15 que conforman su mando conocido como Ranfla Nacional.
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