Los uniformados, más un civil, se confabularon para apropiarse de más de 100 mil dólares y ahora los fiscales lo acusan de delitos de robo agravado, uso y tenencia indebida y agrupaciones ilícitas, según investigaciones preliminares. La acusación ocurrió a pocas horas de que la PNC y otros eslabones del gabinete de seguridad nacional alcanzaran niveles de aprobación de su gestión superior al 85 por ciento, según un estudio del diario La Prensa Gráfica.
El fiscal de la Unidad contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, indicó que los delitos fueron imputados en perjuicio de unas 35 víctimas de al menos unos 16 robos en negocios principalmente en áreas de las ciudades de Santa Ana, el Puerto de La Libertad, Ahuachapán, Cabañas y Sonsonate.
Según Muñoz, encargado del caso, los implicados además de dinero se apropiaron de armas de fuego y objetos de valor, mientras prosiguen las investigaciones para esclarecer otras acciones.
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