La Sociedad de Prisioneros de Palestina precisó en un comunicado que a finales de noviembre 835 personas, incluidos menores de edad, estaban presos en la vecina nación bajo esa política.
Esa norma es utilizada por Tel Aviv para arrestar a palestinos por intervalos renovables que suelen oscilar de tres a seis meses sobre la base de pruebas no divulgadas, que incluso el abogado del acusado tiene prohibido ver.
Sistemáticamente numerosos detenidos bajo esa medida inician huelgas de hambre por tiempo indefinido para denunciar sus casos y forzar a las autoridades israelíes a liberarlos.
Los palestinos y los grupos de derechos humanos denuncian que la detención administrativa viola el debido proceso judicial porque permite no presentar pruebas contra los presos mientras permanecen detenidos durante largos períodos sin ser acusados, juzgados o condenados.
La decisión de poner a un palestino bajo detención administrativa la adopta el comandante militar regional sin acusación ni juicio, cuestionó recientemente el Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados (B’Tselem).
“Según la ley militar que se aplica en Cisjordania, una persona puede ser detenida administrativamente durante seis meses, pero la orden puede prorrogarse, por lo cual la reclusión en la práctica es indefinida y los detenidos nunca saben cuándo serán liberados”, criticó.
B’Tselem criticó la fachada de revisión judicial de las órdenes de detención administrativa porque “en esas audiencias, los detenidos se limitan a desempeñar el papel de figurantes en un proceso destinado a sancionar su encarcelamiento”.
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