El texto eleva ese tope para que el gobierno del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva pueda mantener la asistencia de 600 reales (112 dólares al mes) del programa Bolsa Familia (actual Auxilio Brasil) y financiar otras iniciativas sociales a partir de enero.
Con el nuevo límite del techo de gastos, la administración de Lula mantendrá ese valor de Bolsa Familia y pagará un incremento de 150 reales (28 dólares) por niño de hasta seis años de las familias beneficiadas.
Para promulgarse por el Congreso, una PEC necesita ser aprobada en dos turnos, en la Cámara de Diputados y el Senado, con el apoyo de, como mínimo, 308 diputados y 49 senadores.
La votación de la PEC se completó este miércoles en ambas instancias.
El proyecto fue aprobado por el Senado a principios de diciembre, pero regresó para el análisis de sus representantes tras ser modificada por los diputados.
Por el reglamento interno del Congreso, los senadores debían votar solo las enmiendas en el contenido enviado a Diputados, pero el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, pidió a Arthur Lira (timonel de la Cámara baja) que el texto completo fuera devuelto para su consideración en su asamblea que lo aprobó sin enmiendas.
Votado en las dos ocasiones 63 a favor y 11 en contra, el escrito volvió al cónclave senatorial a causa de las modificaciones realizadas en Diputados durante la tramitación.
El principal cambio fue la reducción de la duración de la propuesta de dos años a un año.
Por tratarse de una PEC, no es necesario pasar por la sanción presidencial.
El texto de la propuesta contiene, además, reglas para asignar los recursos del presupuesto secreto, llamado técnicamente enmiendas de ponente.
Por el acuerdo, los recursos se dividirán entre el Ejecutivo y el Legislativo. La reorganización fue necesaria luego que el Supremo Tribunal Federal declarara inconstitucional el presupuesto secreto.
La PEC resulta la gran apuesta de Lula para cumplir las principales promesas de campaña.
El proyecto procura separar los recursos destinados a ese plan de asistencia de los presupuestos para 2023, con lo que ese capital quedaría fuera del límite de gastos anuales que impone una cuestionada ley en vigor desde 2016.
Recientemente, el gobernante electo confirmó que la atención y cuidado a los pobres estará en el centro de las atenciones de su futuro gobierno, en el que recuperarán sus derechos.
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