El proyecto fue presentado al Legislativo en abril de 2021 por el Ministerio de Seguridad (Minseg) para combatir el narcotráfico y la corrupción entre otros delitos, pero la diplomática declaró que es urgente que el parlamento siga el debido proceso, tenga los debates que tiene que tener y apruebe esta ley.
Las declaraciones generaron una serie de críticas, pues las consideran una clara injerencia de un país extranjero en los asuntos internos.
El presidente de la Asociación Panameña de Abogados, Alfredo Vallarino, señaló a la prensa que esta intervención lo primero que demuestra es que la extinción de dominio no es una ley que nace, ni que se necesita en el pais, «sino que trae condimentos e intereses externos».
Por su parte el letrado César Ruiloba calificó como desafortunadas estas declaraciones, tras considerar, desde su punto de vista, que violan los protocolos de la diplomacia e intentan, desde la gestión de los intereses de Estados Unidos, determinar la suerte de la legislación jurídica panameña, “eso bajo ningún concepto es permisible”, dijo.
Ruiloba agregó que a todas luces pareciera que la diplomática le estuviera dando instrucciones a la Asamblea Nacional de lo que tiene que hacer.
También reaccionó el exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Alfonso Fraguela, quien aseveró que no se puede pasar por alto que Panamá es un país soberano, tiene disposiciones legales y un ordenamiento jurídico que lo hace ser independiente y soberano.
«Veo con preocupación que cada vez nuestros funcionarios se encuentran con ese tipo de visitas. Pareciera que las autoridades (Ejecutivo) estuvieran haciéndole reverencia, cuando deben mantener un grado de independencia», señaló.
De forma puntual, Fraguela destacó que lo que ha ocurrido, le recuerda lo vivido en la antigua Zona del Canal, donde había un gobernador(estadounidense), donde sus funciones eran dirigir las políticas internas dentro de ese territorio.
El proyecto de ley de extinción de dominio se encuentra en estudio de una subcomisión parlamentaria, lo que algunos observan como un obstáculo a una herramienta necesaria para debilitar las operaciones del crimen organizado.
Se trata de la segunda ocasión en que se designa una subcomisión para estudiar el texto.
La redacción entre lo presentado en 2021 y lo que se discute actualmente no ha cambiado, precisó a la prensa el secretario del Minseg, Jonathan Riggs, y subrayó que el catálogo de delitos que permiten una acción de extinción de dominio abarca todos los contemplados en el Código Penal.
Esto incluye la corrupción, además de otros delitos comunes, con carácter retroactivo, pero el tema se ha tornado espinoso y polémico, porque según la apreciación de algunos diputados y abogados, el asunto se convierte en un debate político en lugar de analizarse como un instrumento operativo que complementa las faltas del sistema penal.
En ese sentido, Rigss señaló que el organismo de seguridad apuesta a que la discusión se centre ahora en los delitos de narcotráfico y crimen organizado como respuesta a los reclamos de los diputados que alegan sobre el conflicto que puede causar su redacción con la función que debe tener el Tribunal de Cuentas y el respeto a la propiedad privada.
La visión del Minseg es que el Tribunal de Cuentas tiene limitaciones que con la ley en cuestión se podrían abarcar y fortalecer de forma integral la persecución criminal y la administración de justicia contra el crimen organizado.
Otro punto que aviva la discusión es la creación de la dirección de administración de bienes aprehendidos y de extinción de dominio de carácter autónomo, pero adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mediante la cual se pretende administrar los bienes.
También se critica la autenticidad del documento en la realidad panameña, a lo que Rigss negó que se trate de una copia de las leyes de otros países agregó que se puede mejorar, adoptar aportes y recomendaciones para modificar el documento, para fortalecerlo.
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