Así lo analizó hoy la consultora tecnológica internacional Stratesys, que adelantó los problemas que afrontarán las compañías a la hora de implementar la medida.
Según la fuente, “este nuevo escenario supone un mayor coste para las empresas, el cual se verá reflejado en el precio final al consumidor afectando así, al estado económico general y a la cifra de IPC del próximo año”.
Consideró, asimismo, que se trata de uno de los impuestos más enrevesados establecidos por la Agencia Tributaria. Exige una trazabilidad rigurosa de los movimientos, y la cantidad de plástico aplicado a cada movimiento y a cada modelo de negocio de las compañías afectadas.
A partir del 1 de enero el impuesto estará vigente en España, Italia y Reino Unido, estableciéndose de forma progresiva en el resto de los países de la región.
“Si analizamos como están abordando las empresas la puesta en marcha del impuesto, vemos un desconocimiento sobre la aplicación de la ley en las empresas españolas, en parte porque la normativa final no está publicada”, comentó Rafael San Román, socio director de Stratesys.
En concreto, el impuesto obliga a declarar los kilogramos de plástico de todos los envases primarios, secundarios y terciarios que acompañan a la mercancía.
Dentro del concepto plástico, conforme a la definición del Ministerio de Hacienda, se consideran, entre otros, botellas, bidones, garrafas, poliestirenos, aplicadores, bandejas separadoras, films que envuelven los productos, anillas, cintas de embalaje y demás elementos.
Al final, el gran propósito de la medida es impulsar a las empresas a la utilización de plásticos reciclados.
Desde Stratesys se recuerda que las empresas tienen la posibilidad y la obligación si quieren ser competitivas, de reducir la tasa que pagan, empleando menos plástico no reciclado.
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