Después de una trayectoria que para muchos incluyó el cruce de selvas, ríos, viajar de polizón, y el miedo de tener un encuentro con autoridades y terminar deportados, esos grupos ansían el fin del Título 42, utilizado aquí para restringir el asilo.
Sin embargo, la víspera, la Corte Suprema norteamericana dictó que siga vigente por el momento esa orden, mientras avanza la solución de los recursos legales pendientes.
Heredada de la presidencia de Donald Trump (2017-2021), desde marzo de 2020 la normativa permitió a los agentes fronterizos rechazar de inmediato a los indocumentados que cruzan la frontera sur, bajo el argumento de supuestamente prevenir la pandemia de Covid-19.
Defensores de los derechos de los inmigrantes y expertos en salud pública denunciaron el uso de esta autoridad y argumentaron que representa un pretexto inapropiado para prohibir la entrada de extranjeros.
Al otro lado de la frontera, personas provenientes de distintos países llevan meses a la expectativa de la eliminación del Título 42, para poder hacer su solicitud de asilo.
Aproximadamente 22 mil migrantes, entre ellos mujeres y niños, siguen hoy en refugios, calles y en campamentos en tres ciudades del norte de México: cerca de nueve mil en Tijuana, ocho mil en Reynosa y cinco mil en Matamoros.
La ciudad estadounidense de El Paso, Texas, persiste en el centro de la crisis a medida que miles de personas cruzan a esa región de la frontera.
Por un lado, el gobernador de ese estado, Greg Abbott, dictó la colocación de más contenedores a modo de muro improvisado y de alambres de púas para impedir el acceso; por el otro, El Paso abrió refugios administrados por el Gobierno para atender a quienes llegan.
No obstante, hay quienes están obligados a pernoctar en las calles, en medio de las bajas temperaturas.
Uno de los que logró entrar a este país contó a la prensa: “A nosotros nos dejaron aquí como que no somos seres humanos. La noche fue fuerte, no hallaba con qué arroparme (…); si me quedo quieto, el frío no lo voy a soportar”.
El Título 42 debía expirar el 21 de este mes, luego de que el juez Emmet Sullivan así lo dispusiera en noviembre por considerarlo “arbitrario y caprichoso”.
La orden fue envuelta en litigios legales, varios de ellos promovidos por estados liderados por republicanos que pedían su mantenimiento para el control en frontera, incluso cuando, al menos teóricamente, su uso era con fines “sanitarios”.
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