Esa cifra significa más del doble que en 2021, cuando fallecieron 92 niños y adolescentes, y supera a los 57 pequeños asesinados en 2020, de acuerdo con estadísticas de la Policía Nacional.
La mayoría de ellos tenía entre 12 y 18 años y perdieron la vida durante acciones impuestas por las bandas, al ser cooptados por el crimen organizado ante la ausencia del Estado.
Un análisis del portal de noticias Primicias reveló que no existen programas estatales para niños de entre 6 y 17 años, solo la escuela.
El medio indicó también que en 2022 un total de 195 mil 188 estudiantes desertó del sistema escolar, 34 por ciento entre 16 y 17 años, edad en la que son reclutados por las bandas.
El reclutamiento de menores por la delincuencia no es algo de los últimos años, se registra desde hace más de una década y son hoy los cabecillas de las bandas delictivas, concluyó un estudio sobre la violencia de la Red del Noroeste.
Esa entidad agrupa a barrios de Guayaquil, considerados los más violentos del país, y nueve comunidades cercanas con 200 mil habitantes.
La investigación reveló que las comunidades del noroeste de Guayaquil están sometidas a una violencia estructural como resultado de conflictos por tierras, viviendas o falta de servicios básicos públicos, manifestó Carolina Portaluppi, quien también forma parte de la Red.
Entre las recomendaciones de la experta está una intervención del Estado, el poder local, el sector privado, la sociedad civil, las comunidades, para abrir espacios dentro de esos barrios y recuperarlos.
Ecuador cerró 2022 con más de 25 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, la mayor tasa de homicidios de su historia.
El reporte policial sobre la violencia señaló que hasta el 28 de diciembre de 2022, en el país hubo cuatro mil 539 víctimas de sicariatos, asesinatos, femicidios, robos que terminaron en muerte, ataques con explosivos o balas perdidas.
La semana pasada el secretario de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, dijo que la ola de asesinatos es resultado de la “acción eficiente” del Estado por los constantes decomisos de droga, con cerca de 200 toneladas incautadas en 2022.
Esa opinión contrasta con la de expertos y la ciudadanía, quienes exigen al Gobierno implementar políticas públicas integrales para frenar la violencia y la inseguridad.
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