El presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, señaló en rueda de prensa que la propuesta legal a discutir este miércoles fue acordada en un diálogo con el Ejecutivo e incluye temas como “las vacunas”, como llaman ahora a la extorsión, y contra lo que sugieren penas mucho más altas.
No obstante, Saquicela insistió en que es el Gobierno el que debe colocar recursos y políticas para combatir el narcotráfico, causante principal de la inseguridad.
Paralelamente, la Comisión de Enmiendas de la Asamblea ya inició el análisis de la enmienda parcial de la Constitución enviada por el presidente Guillermo Lasso para modificar el rol de las Fuerzas Armadas y que puedan intervenir en el orden interior sin declarar estado de excepción.
El secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, defendió la iniciativa del mandatario y afirmó que la actuación de los militares en esos temas será extraordinaria, complementaria, regulada y fiscalizada.
La actual oposición, mayoría en el parlamento, aseguró que no va a obstaculizar esa propuesta siempre y cuando cumpla con lo previsto en la Constitución.
Sin embargo, algunos legisladores y especialistas consideran que esa no sería una solución del todo eficaz, pues en varias ocasiones a través de los estados de excepción las Fuerzas Armadas intervinieron en el control social sin lograr su propósito, pues la escalada de violencia continúa en el país.
De acuerdo con el cronograma establecido, en febrero podría ocurrir en plenario el primero de los dos debates previstos sobre la propuesta de modificación a la Carta Magna.
Ecuador cerró 2022 con la mayor tasa de homicidios violentos de su historia, con más de cuatro mil 500 víctimas de sicariatos, asesinatos, femicidios, robos que terminaron en muerte, ataques con explosivos o balas perdidas.
La semana pasada el Secretario de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, dijo que la ola de asesinatos es resultado de la “acción eficiente” del Estado por los constantes decomisos de droga, con cerca de 200 toneladas incautadas en 2022.
Esa opinión contrasta con la de expertos y la ciudadanía, quienes exigen al Gobierno implementar políticas públicas integrales para frenar la violencia y la inseguridad.
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