La vocera de esa entidad de la Unión Europea (UE) indicó además que “independientemente de lo que Italia esté haciendo por decreto o ley específica, las autoridades deben respetar el derecho internacional y el derecho del mar”.
Por su parte, varias organizaciones humanitarias emitieron una declaración conjunta divulgada este jueves, en la que señalan que esas nuevas medidas aprobadas por el Consejo de ministros de esta nación el 29 de diciembre de 2022, “reducirán las capacidades de salvamento marítimo y hará que el Mediterráneo central sea aún más peligroso”.
Por tal razón, según señala el documento firmado por Médicos sin Fronteras, Emergency, SOS Humanity, Open Arms, Miision Lifeline y otras agrupaciones, “expresamos nuestra más profunda preocupación por el último intento de un Gobierno europeo obstaculizar la asistencia a las personas en peligro en el mar”.
Esa legislación “tiene como objetivo conciliar la necesidad de garantizar la seguridad de las personas recuperadas en el mar, de conformidad con el derecho internacional y nacional pertinente, con la de proteger el orden público y la seguridad”, según señaló el ministro del Interior, Marcello Piantedosi, promotor de la misma.
Sin embargo, entre otras disposiciones, establece que los buques de salvamento podrán transitar e intervenir únicamente para socorro, bajo el control e indicaciones de las autoridades territoriales, y en caso contrario, se imponen sanciones al capitán y al armador, de 10 mil a 50 mil euros, e incluso podría ser decomisada la embarcación.
Señala además que “el tránsito y estacionamiento de buques en el mar territorial están garantizados en todo caso con el único fin de garantizar el salvamento y asistencia en tierra de las personas embarcadas para proteger su seguridad”, y deben llegar sin demora al puerto asignado para culminar la operación de rescate.
Las organizaciones humanitarias podrán realizar un único salvamento, e informar inmediatamente a las autoridades para pedir el desembarco de esas personas en un puerto seguro, a la vez que estarán prohibidos los transbordos de un buque a otro.
Habrá que preguntar a los migrantes a bordo si pretenden solicitar protección internacional, para que el país de abanderamiento del barco se haga cargo de esa petición.
Piantedosi adelantó recientemente el propósito del Gobierno italiano de tomar medidas para “enfrentar el flujo migratorio ilegal y defender nuestras fronteras” ya que, según dijo, “la situación actual no es sostenible para nuestro país”.
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