El subdirector del diario Página 12, advirtió en un artículo publicado esta jornada sobre la intención de la alianza Juntos por el Cambio (JxC) de impedir que haya quorum en la Cámara de Diputados para realizar sesiones sobre un pedido de juicio político hecho por el Gobierno contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
No es solo que el macrismo se oponga a ese proceso, sino que no quiere discutirlo. Lo rechaza sin conocer los fundamentos porque teme que aparezcan más pruebas de la relación promiscua que mantiene con el poder judicial, señaló Bruschtein.
Desde diciembre último, los diputados de JxC decidieron no acudir al recinto en tres oportunidades para evitar la celebración de debates sobre temas como las jubilaciones y la creación de ocho universidades en distintas provincias.
Antes votaban en contra de todo lo presentado por el oficialismo (Frente de Todos). Desde el principio del gobierno de Alberto Fernández, mantuvieron una estrategia de obstrucción, pero en este caso es evidente la intención de que los fundamentos del pedido de juicio político tengan una difusión mínima, indicó el analista.
Además, recordó que para que ese proceso se lleve a cabo es necesario el respaldo de dos tercios de la Cámara baja, lo cual puede no obtenerse debido a la negativa de agrupaciones como Propuesta Republicana, Coalición Cívica y otras.
Fernández y 11 gobernadores solicitaron el proceso contra la CSJ debido a su mal desempeño y a l existencia de “una inadmisible degradación que pone en jaque al sistema republicano de división de poderes”.
Según explica el documento presentado, ello ocurrió principalmente por acciones de la Corte como la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26 088, la cual estaba vigente desde hace 16 años y establecía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
Dicho ente también favoreció a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el incremento de los fondos coparticipables y emitió una medida cautelar para obligar al Estado a pagarle a esta capital ese aumento, aun cuando ello no esté contemplado en el Presupuesto aprobado para 2023.
Es una situación anómala en la que un poder del Estado decide, arbitrariamente, invadir las esferas de las competencias de los restantes, expone el texto.
Asimismo, denuncia la convivencia y la negociación entre la CSJ y el ministro de Justicia y Seguridad capitalino, Marcelo D’Alessandro.
Por otra parte, asegura que el titular de la CSJ, Horacio Rosatti, diseñó una maniobra ilegal, mediante la cual asumió de forma irregular la presidencia de la misma; tomó por asalto el Consejo de la Magistratura y manipuló la integración de este.
De acuerdo con el documento, todo fue orquestado junto a JxC, en especial, por D’Alessandro y el jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez.
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