El sondeo, que se extenderá hasta el próximo 15 de marzo dentro y fuera del país, recabará opiniones de los ciudadanos vietnamitas respecto a una legislación que el primer ministro,Phan Minh Chinh, caracterizó como difícil, sensible y de gran alcance, la cual involucra a muchos sujetos y leyes y, de hecho, enfrenta numerosos obstáculos.
Debatido en el cuarto período de sesiones de la Asamblea Nacional (Parlamento) de la XV Legislatura, entre octubre y noviembre último, el proyecto busca perfeccionar el marco legal en este ámbito, en consonancia con el desarrollo de la economía de mercado con orientación socialista y en el contexto de la integración internacional.
Pretende además fortalecer la gestión territorial en términos de superficie, calidad y valor económico, contribuir a la comercialización de derechos de uso del suelo, desarrollar el mercado inmobiliario y establecer un sistema moderno, transparente y eficiente.
Del mismo modo, debe armonizar los derechos e intereses del Estado, los usuarios y los inversionistas.
En ese sentido, y durante la discusión en el Parlamento, To Van Tam, un legislador de la provincia altiplánica de Kon Tum, manifestó que las personas pueden aceptar sacrificar sus derechos o sufrir pérdidas si la requisa de tierras es para fines de defensa nacional, seguridad o desarrollo económico en beneficio de la comunidad.
Pero advirtió quea la gente le resultará difícil admitir que redunde en “beneficio de un individuo o un grupo debido al bajo precio de compensación, creando así espacios para intereses egoístas y grupales. La modificación de la Ley de Tierras esta vez necesita solucionar ese problema”, dijo.
Durante el tercer período de sesiones de la XV Legislatura el jefe de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento, Hoang Thanh Tung, había advertido al presentar una solicitud del Gobierno para posponer el debate del tema que “este es un gran proyecto de ley con contenidos complicados que requiere investigación y preparación cuidadosa”.
Reconoció asimismo la urgencia de contar con una nueva leycapaz de resolver las dificultades y obstáculos para su plena ejecución, y responder así a la demanda de movilización y uso efectivo del suelo en función de la producción y los negocios, así como del desarrollo socioeconómico del país.
(Tomado de Orbe)