La víspera, las fuerzas de seguridad del DF no contuvieron a los adeptos radicales del derrotado mandatario Jair Bolsonaro que invadieron y depredaron el Congreso Nacional, la Corte Suprema y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
De Moraes adoptó tal decisión en la primeras horas de la madrugada de este lunes dentro del marco de la investigación de los actos antidemocráticos, de la que es ponente, al examinar una solicitud del senador Randolfe Rodrigues y de la Abogacía General de la Unión.
Según el juez, los actos terroristas de este domingo solo pudieron tener el consentimiento del gobierno del DF, pues los preparativos eran conocidos.
La escalada violenta de los actos criminales «con depredación del patrimonio público, conforme ampliamente informado por la prensa nacional, circunstancias que solo podrían ocurrir con la anuencia, y hasta participación efectiva, de las autoridades competentes por la seguridad pública e inteligencia», argumentó el magistrado en su decisión.
Para De Alexandre, «los despreciables ataques terroristas a la democracia y a las instituciones republicanas serán responsabilizados, así como los financiadores, instigadores y los anteriores y actuales agentes públicos cómplices y criminales, que continúan en la ilícita conducta de la práctica de actos antidemocráticos».
Detalló que el alejamiento de Rocha se justifica ante la comisión de crímenes como: actos preparatorios de terrorismo, asociación criminal, daño, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado.
«La democracia brasileña no será sacudida, mucho menos destruida, por criminales terroristas», aseguró.
El ministro ordenó asimismo el desmonte inmediato del campamento de los golpistas frente al cuartel general del Ejército, en Brasilia.
La operación debe ser realizada por las Policías Militares de los Estados y DF, con apoyo de la Fuerza Nacional y Policía Federal si es necesario.
El comandante militar del cuartel general también deberá proporcionar toda la ayuda necesaria para el cumplimiento efectivo de la medida.
«Absolutamente nada justifica y existencia de campamentos llenos de terroristas, patrocinados por diversos financiadores y con la complacencia de autoridades civiles y militares en total subversión al necesario respeto a la Constitución Federal», rasgueó De Moraes.
Aunque pululan diferentes cifras sobre personas detenidas por las acciones vandálicas, la Policía precisó que aumentó a 300 el número de terroristas encarcelados en el DF.
jcm/ocs
