«Vengo a informar que más de 400 personas fueron arrestadas y pagarán por los crímenes cometidos», indica Rocha en un comunicado, número que no coincide con el estudio oficial de 170 presos, publicado por la Policía Civil del DF respecto a las manifestaciones de adeptos radicales del derrotado mandatario Jair Bolsonaro.
Según el gobernador, «continuamos trabajando para identificar a todas las demás que participaron en estos actos terroristas en la tarde de hoy en el Distrito Federal. Seguimos trabajando para que el orden se restablezca», remarcó.
En la jornada, la autoridad ofreció disculpas a los jefes de los Tres Poderes por las violentas incursiones que destruyeron los edificios públicos sedes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Mientras las acciones de vandalismo ocurrían, Rocha destituyó a Anderson Torres, quien fungía como secretario de Seguridad Pública del DF.
Por los hechos, la Abogacía General de la Unión (AGU) pidió a la Corte Suprema la detención de Torres, quien se encuentra en Estados Unidos. Además de la prisión del exsecretario, el órgano de abogados demanda al Supremo que determine a cuáles plataformas de medios y redes sociales se puede interrumpir, teniendo en cuenta la posibilidad de promover, de algún modo, «actos de invasión y depredación de edificios públicos».
La AGU solicita a «las empresas de telecomunicaciones, en particular los proveedores de servicios móviles personales, que conserven durante 90 días registros de conexión suficientes para definir o identificar la geolocalización de los usuarios en inmediaciones de la Plaza de los Tres Poderes y en el Cuartel General del Ejército en el DF».
Denuncia que los hechos de este domingo «causan vergüenza y alteración del orden público y del libre ejercicio de los poderes de la República, con la manifiesta pasividad e indicios de colaboración ilegal de agentes públicos. Bien por justificar la intervención del Poder Judicial en carácter urgente».
Por su parte, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretó intervención federal en el DF ante las invasiones.
Durante su urgente alocución, Lula afirmó que hubo falta de seguridad en el DF y prometió que los terroristas serán encontrados y castigados. Se dictó la medida hasta el 31 de enero.
El objetivo de la intervención es «poner fin al grave comprometimiento del orden público» en el DF, marcado por la violencia e invasión de estructuras públicas.
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