El subprocurador general del Ministerio Público ante el TCU, Lucas Rocha, también extendió la demanda al suspendido gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, y al que fuera su secretario de Seguridad, Anderson Torres, ambos aliados del derrotado gobernante.
Con el pedido, Rochas quiere garantizar la compensación pública ante los perjuicios causados por los terroristas partidarios de Bolsonaro, quienes destruyeron muchos objetos en el Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo, en la acción golpista del domingo.
La autoridad también solicita el bloqueo de bienes «de otros responsables, sobre todo de financiadores de dichos actos ilegales».
En caso de que el tribunal identifique la participación directa o indirecta de agentes públicos en los actos, ellos pueden ser condenados al resarcimiento a las arcas públicas, una multa e, inclusive, a la inhabilitación para la ocupación de cargos por hasta ocho años.
Autoridades pertinentes aún evalúan las afectaciones causadas por las hordas de vándalos bolsonaristas (seguidores del excapitán del Ejército) en los tres edificios públicos.
Se registraron casquillos y proyectiles mezclados con fragmentos de vidrio, pedazos de armarios, fotos rasgadas, documentos oficiales tirados y piedras.
También marcas de destrucción en paredes, objetos y muebles estropeados y cubiertos de polvo químico, mojados con agua y basura.
Computadoras, teléfonos, cables y teclados ensortijados. Muchos daños en obras de arte como en la pintura Las Mulatas, del pintor modernista Di Cavalcanti, y en la escultura El Flautista, de Bruno Giorgi.
Según especialistas, los invasores, que piden intervención militar y rechazan la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pueden ser encuadrados en crímenes contra las instituciones democráticas, de asociación criminal y daños al patrimonio público.
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