Torres debe volver a Brasil desde Estados Unidos y entregarse a la Policía Federal, según cercanos que «hablaron con el político en las últimas horas», refiere el sitio.
Asegura que el exministro está conmocionado y llorando por teléfono, y el pronóstico es que su nombre pronto entrará en la lista de buscados de la Policía Internacional (Interpol).
Fue al extranjero días después de la posesión (1 de enero) del presidente Luiz Inácio Lula Lula, un acto que De Moraes consideró sospechoso.
El «exhombre fuerte» del gobierno de Bolsonaro era el secretario de Seguridad del Distrito Federal (DF) cuando terroristas adeptos del exmilitar invadieron el domingo los edificios del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
G1 precisa que «su detención termina por geográficamente acercar más al expresidente (Bolsonaro) de los actos golpistas del domingo».
La orden del magistrado respondería a una petición del jurista Jorge Messías, de la Abogacía General de la Unión, quien solicitó la prisión de Torres y otros funcionarios públicos que participaron o facilitaron la invasión de las sedes de los tres poderes.
El pedido alude a la violación del Estado Democrático de Derecho.
También De Moraes ordenó en la jornada la detención del excomandante de la Policía Militar (PM) del DF coronel Fábio Augusto, al frente de esa fuerza cuando ocurrieron los ataques terroristas de los bolsonaristas (seguidores del excapitán del Ejército).
La policía y la administración del DF, responsables de la seguridad de los edificios del Gobierno federal y otros poderes en Brasilia, reciben duras críticas por la actuación durante las acciones de vandalismo.
El gobernador del DF, Ibaneis Rocha, fue apartado por 90 días del cargo por De Moraes.
Sobre la PM del DF recaen sospechas de connivencia con los terroristas bolsonaristas.
Este martes, el Congreso aprobó, asimismo, el decreto que autoriza la intervención federal en la Seguridad Pública del DF, a raíz de las invasiones.
En votación simbólica, la mayoría de los presentes en el Senado validó la medida firmada por Lula. Anteriormente, la propuesta pasó por la Cámara de Diputados que aprobó también en sufragio alegórico.
La materia ahora sigue para promulgación. Con las aprobaciones en las dos asambleas, el Congreso ratifica la intervención federal en el DF hasta el 31 de enero.
Tal medida está prevista en el artículo 34 de la Constitución Federal para «poner fin a grave comprometimiento del orden público» y «garantizar el libre ejercicio de cualquiera de los poderes en las unidades de la federación».
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