Con 109 votos a favor, 37 en contra y dos abstenciones, los legisladores cumplieron con celeridad el proceso para modificar el artículo 142 de la Constitución, el cual permite reabrir el camino hacia la carta magna que debe sustituir la vigente desde 1980.
El documento será despachado al organismo ejecutivo, donde el presidente Gabriel Boric debe promulgarlo y publicarlo en el Diario Oficial.
A partir de ese momento se convertirá en ley y comenzará a transcurrir el calendario previsto en el denominado “Acuerdo por Chile”.
Un primer paso ocurrirá en el legislativo, donde debe nombrarse un grupo de 24 expertos, 12 de ellos en el Senado y los otros en la cámara baja, que comenzarán a trabajar el 6 de marzo para elaborar un borrador de la futura carta magna.
El 7 de mayo se elegirá por voto popular y obligatorio al Consejo Constitucional de 50 miembros con total igualdad de género, los cuales ocuparán su cargo 30 días después y tendrán cuatro meses para cumplir su cometido sobre la base del proyecto hecho por los expertos.
Se adicionará al consejo un grupo de escaños reservados para los pueblos indígenas, siempre y cuando sus candidatos obtengan por lo menos el 1,5 por ciento de votos del total nacional del padrón electoral.
De esta manera se reanuda un proceso emanado del estallido social y que sufrió un severo revés cuando en la consulta popular del 4 de septiembre de 2022 se impuso de manera contundente la opción del rechazo al texto elaborado por una Convención.
El Acuerdo por Chile, firmado por la mayoría de partidos políticos con representación parlamentaria, contempla otro plebiscito ratificatorio el 17 de diciembre de este año.
Si esa consulta es positiva, en 2024 el país sustituirá la constitución impuesta por la dictadura militar (1973-1990), donde están asentadas las bases del modelo neoliberal vigente en la actualidad.
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