«Las autoridades locales deben arrestar a cualquiera que ocupe y obstruya vías urbanas o carreteras, o invada edificios públicos; (…) deberán identificar y requisar los vehículos utilizados en los hechos y a sus propietarios y (…) bloquear los canales de redes sociales en los que se convoquen estos actos», indica el fallo.
La decisión emergió tras una denuncia de la Fiscalía que alertó de nuevas movilizaciones para este miércoles por parte de adeptos radicales del exmandatario Jair Bolsonaro.
Grupos extremistas seguidores del excapitán del Ejército, que piden intervención militar y rechazan la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, protagonizaron el domingo actos vandálicos e irrupciones violentas en las sedes del Congreso Nacional, el STS y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
Para el juez, la convocatoria de nuevos actos, informada al Supremo en un documento de la Abogacía General de la Unión, es un «evidente desdoblamiento» de los movimientos del domingo y apunta a la existencia de la organización criminal volcada al ataque a la democracia.
«Esa organización criminal, ostensiblemente, atenta contra la democracia y el Estado de Derecho, específicamente contra el Poder Judicial y en particular contra el Supremo Tribunal Federal», remarcó.
Insistió en que los hechos de los últimos días solo pudieron ocurrir con la connivencia del Poder Público.
«La existencia de una organización criminal, cuyos actos han ocurrido regularmente durante meses, en el Distrito Federal y en varios otros estados, es un fuerte indicio de la connivencia y la aquiescencia del Poder Público con los crímenes cometidos», reiteró.
Ante las amenazas, el Gobierno determinó reforzar la seguridad de todo el territorio nacional después que extremistas de derecha convocaran a nuevas manifestaciones para este miércoles en la tarde noche en ciudades capitales.
En declaraciones a la televisora CNN Brasil, el ministro de la Casa Civil, Rui Costa, precisó que el fortalecimiento fue determinado por el gabinete de crisis estructurado por la administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para supervisar y anticiparse a posibles embestidas criminales contra la democracia.
Al respecto, el jefe de la seguridad de Brasilia, Ricardo Cappelli, descartó que la capital pueda volver a sufrir vandalismo y violencia.
Prometió reforzar los protocolos en la Explanada de los Ministerios (avenida en la que se ubican los principales edificios públicos) y aplicar todo el peso de la ley contra los presuntos transgresores.
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