La investigación indica además que el 93 por ciento de los consultados condena el asalto perpetrado por adeptos radicales del exmilitar a los tres poderes del Estado el 8 de enero y solo un 10 respalda las acciones antidemocráticas.
Grupos extremistas bolsonaristas (seguidores del excapitán del Ejército) irrumpieron violentamente y depredaron en esa jornada las sedes del Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio del Planalto, baluarte del Poder Ejecutivo.
Los terroristas rompieron ventanas y muebles, dañaron obras de arte y objetos históricos, así como destrozaron documentos y robaron armas.
Solo un tres por ciento, porcentaje que aumenta entre los simpatizantes de Bolsonaro hasta un 10, consiente el asalto a esas instituciones y una intervención militar para sacar del poder al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
De igual manera, el 77 por ciento de los interrogados opina que los implicados en las acciones golpistas rendirán cuentas ante la justicia y un 42 espera una sentencia severa para los agresores, mientras un 35 una leve.
La encuesta se realizó entre el 10 y 11 de enero a mil 214 entrevistados por el país mediante el teléfono celular, con margen de error de tres puntos porcentuales más o menos.
Por los hechos, sin precedentes en la historia de Brasil, Lula decretó intervención federal en la Seguridad Pública del Distrito Federal.
Aprobada en el Parlamento por las dos cámaras (Diputados y Senado), la materia ahora sigue para promulgación. En la práctica, con las validaciones, el Congreso ratifica la medida hasta el 31 de enero, conforme la propuesta del presidente.
La disposición está prevista en el artículo 34 de la Constitución Federal para «poner fin a grave comprometimiento del orden público» y «garantizar el libre ejercicio de cualquiera de los poderes en las unidades de la federación».
También el Gobierno determinó reforzar la seguridad de toda la nación después que extremistas de derecha convocaran a nuevas manifestaciones.
El ministro de la Casa Civil, Rui Costa, precisó que el fortalecimiento fue determinado por el gabinete de crisis estructurado por la administración de Lula para supervisar y anticiparse a posibles actos criminales contra la democracia.
Al respecto, el jefe de la seguridad de Brasilia, Ricardo Cappelli, descartó que la capital pueda volver a sufrir vandalismo y violencia.
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