La víspera, el Ministerio Público Federal demandó la apertura de una indagación sobre los acciones golpistas ocurridas el domingo en Brasilia.
Ahora, corresponderá a la presidenta del STF, ministra Rosa Weber, analizar la solicitud y decidir si abre o no la pesquisa o se encamina el pedido a otro ministro de la corte.
La demanda del jueves no mencionaba al exmilitar, pero decía que el órgano quería investigar a todos los que atacaron a las urnas, insinuaron fraudes electorales, deslegitimaron a quien ganó la elección, y estimularon embestidas contra el Supremo, «aun estando en el exterior».
Por vez primera, el derrotado gobernante, quien disfruta de vacaciones en Estados Unidos, queda incluido oficialmente en una investigación relacionada con las invasiones y hechos subversivos protagonizados por grupos radicales bolsonaristas (seguidores del político ultraconservador).
Al menos 79 fiscales y subprocuradores enviaron ayer al procurador general Augusto Aras una representación penal contra el excapitán del Ejército por el llamado delito de incitación.
La infracción se establece cuando se incentiva y estimula públicamente a que alguien cometa una contravención.
En el documento se demanda que el exparacaidista sea inquirido en el ámbito de las investigaciones de las fake news (noticias falsas), de los actos antidemocráticos y de las milicias digitales, casos bajo supervisión del STF.
De acuerdo con el contenido, existe una publicación realizada por Bolsonaro en la madrugada entre el 10 y 11 de enero, en la cual cuestiona el resultado de las justas comiciales de octubre que ganó el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
En el contenido de la Fiscalía de este viernes, suscrito por el subprocurador general de la república Carlos Federico Santos, se recuerda que el audiovisual publicado en la red social de Bolsonaro tuvo lugar pocos días después del mayor episodio de depredación que Brasilia vivió en sus más de 60 años de fundada.
La transmisión del mensaje, indica el texto, tendría el poder de incitar nuevos actos contra los poderes de la República, lo cual se encuadra en el artículo 286 del Código Penal: incitar públicamente la práctica del crimen.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, enfrenta presiones por diputados demócratas que exigen la extradición de Bolsonaro de su jurisdicción, tras sus incondicionales asaltar la sede de los tres poderes en esta capital.
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