La infracción se establece cuando se incentiva y estimula públicamente a que alguien cometa una contravención.
Firmado por 79 fiscales y subprocuradores, en el documento se demanda que Bolsonaro sea inquirido en el ámbito de las investigaciones de las fake news (noticias falsas), de los actos antidemocráticos y de las milicias digitales, casos bajo supervisión del Supremo Tribunal Federal (STF).
De acuerdo con el contenido, existe una publicación realizada por Bolsonaro en la madrugada entre el 10 y 11 de enero, en la cual cuestiona el resultado de las justas comiciales de octubre y tendría conexión con los delitos que pesquisa el STF.
La divulgación, que contiene un video, fue compartida por el excapitán del Ejército en su cuenta de la red social Facebook.
En el audiovisual, el recuento de los votos registrados por las urnas electrónicas fue cuestionado y apuntó a un supuesto fraude en la consulta.
Tal video «mostraría un trecho de una entrevista de un procurador del estado de Mato Grosso do Sul, en que éste defiende que la elección de Luiz Inácio Lula da Silva habría sido fraudulenta y el voto electrónico no sería confiable», detallaron los signatarios en el texto.
El fiscal de esa división territorial afirmó sin pruebas que Lula no fue elegido por el pueblo, sino por el STF y el Tribunal Superior Electoral.
Llamó la atención que el hecho emergió pocos días después de ocurrir el mayor episodio de depredación que Brasilia/DF experimentó, denunciaron los suscritores, en alusión al acto antidemocrático del 8 de enero que resultó un episodio grave de vandalismo a los edificios de los tres poderes.
En esa jornada, adeptos radicales de Bolsonaro invadieron y depredaron las sedes del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
Por esos actos vandálicos, el subfiscal general del Ministerio Público Lucas Rochas pidió al ministro Bruno Dantas, presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión, el bloqueo de bienes del político ultraconservador para resarcir los daños causados por sus seguidores.
Rocha también extendió la demanda al suspendido gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, y al que fuera su secretario de Seguridad, Anderson Torres, ambos aliados del exmilitar.
Con el pedido, Rochas quiere garantizar la compensación pública ante los perjuicios causados por los terroristas.
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