La portavoz de la Unión Europea (UE), Anitta Hipper, cuestionó el 5 de enero último un nuevo decreto ley, aprobado una semana antes por el Consejo de ministros italiano, el cual establece limitaciones al rescate marítimo por las organizaciones humanitarias.
“Salvar a personas en peligro en el mar es una obligación moral y un deber jurídico”, enfatizó la vocera de la Comisión Europea para la Migración.
Según esa legislación, emitida el 28 de diciembre, los barcos podrán transitar e intervenir para socorro únicamente bajo el control de las autoridades territoriales y estarán autorizados a realizar un único salvamento.
Asimismo, debe preguntarse a los migrantes si pretenden solicitar protección internacional, para que en tal caso el país de abanderamiento del navío se haga cargo de esa petición.
Los buques deben llegar sin demora al puerto asignado para culminar la operación de rescate, y en caso de violaciones se impondrán sanciones al capitán y al armador, incluidas multas de 10 mil a 50 mil euros y hasta el posible decomiso de las embarcaciones.
Los puntos de desembarco pueden estar muy alejados de los lugares de salvamento, como ocurrió recientemente con el Ocean Viking y el Geo Barents, a los que se les indicó trasladar el 10 y el 11 de enero, respectivamente, a los 110 migrantes rescatados entre ambos al sur del Mediterráneo hacia el distante puerto de Ancona, en la centra región italiana de Las Marcas, en el mar Adriático.
El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, principal promotor de esas medidas, apuntó al respecto que el propósito de su Gobierno es “enfrentar el flujo migratorio ilegal y defender nuestras fronteras” ya que —según dijo— “la situación actual no es sostenible para nuestro país”.
Varias organizaciones humanitarias emitieron recientemente una declaración conjunta en la que subrayan que esas nuevas disposiciones “reducirán las capacidades de salvamento marítimo y harán que el Mediterráneo central sea aún más peligroso”.
Por tal razón, según señala el documento firmado por Médicos sin Fronteras, Emergency, SOS Humanity, Open Arms, MissionLifeline y otras agrupaciones, “expresamos nuestra más profunda preocupación por el último intento de un Gobierno europeo de obstaculizar la asistencia a las personas en peligro en el mar”.
(Tomado de Orbe)
