Según la Procuraduría General de la República, los denunciados pueden responder por los crímenes de asociación criminal armada, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado.
Asimismo, ante daño cualificado por la violencia y grave amenaza con el empleo de sustancia inflamable contra el patrimonio de la Unión y con considerable perjuicio para la víctima, así como deterioro del patrimonio declarado.
Tales acusaciones aparecen rubricadas por el subprocurador general de la República Carlos Frederico Santos, coordinador del Grupo Estratégico de Combate a los Actos Antidemocráticos, creado la semana pasada por el procurador general de la República, Augusto Aras.
Durante una entrevista con la televisora GloboNews, Santos afirmó que «la Procuraduría General de la República está empeñada en castigar severamente a esas personas que han practicado esos actos antidemocráticos, incluso con efectos pedagógicos, para que no se repitan».
Precisó que «el objetivo es determinar de forma rápida, determinada y castigar a los culpables».
De acuerdo con la autoridad, los denunciados fueron arrestados dentro del Senado y actuaban con la finalidad de derrocar al actual gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lo cual es contrario a la ley.
«La elección ha terminado, dentro de cuatro años tendremos nuevas elecciones y que se busque los medios democráticos y correctos para exponer sus ideas, pero no practicando ese tipo de acto que hiere la seguridad, ese tipo de acto que hiere a la democracia, ese tipo de acto que busca de forma ilegítima apoderarse del poder», remarcó.
El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, entregó a Aras el viernes una representación con información sobre terroristas que invadieron el Congreso Nacional.
Pacheco indicó que, además de los datos de los criminales, el documento contenía sugerencias, elaborado por la Abogacía General del Senado, de castigos y reparación de daños.
Hasta el momento, más de mil personas continúan detenidas en prisión preventiva en esta capital.
Varias líneas de investigación se abrieron por instituciones de justicia para identificar y condenar a autores materiales e intelectuales de las invasiones y saqueos del 8 de enero en las sedes del Parlamento, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio del Planalto, baluarte del Poder Ejecutivo en esta capital.
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