Los detenidos responden por crímenes como terrorismo y golpe de Estado, y 220 personas fueron liberadas con medidas cautelares y otros 885 casos están siendo analizados.
De Moraes tiene la intención de hasta el viernes terminar el análisis de la situación de los más de mil 400 presos por las invasiones y depredación en las sedes del Congreso Nacional, el STF y la Presidencia.
Con pedidos de intervención militar y rechazo a la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, grupos de extrema derecha partidarios del derrotado mandatario Jair Bolsonaro irrumpieron violentamente y saquearon esas instituciones.
El gabinete del ministro divulgó una nota y se consideró que «las conductas fueron ilícitas y gravísimas, con la intención de, por medio de violencia y grave amenaza, coaccionar e impedir el ejercicio de los poderes constitucionales constituidos».
De igual manera, hubo «flagrante afrenta al mantenimiento del Estado Democrático de Derecho, en evidente desajuste con la garantía de la libertad de expresión».
En esos casos, la autoridad consideró que hay pruebas en los autos de la participación efectiva de los investigados en organización criminal que actuó para intentar desestabilizar las instituciones republicanas.
Señaló la necesidad de determinar el financiamiento de la venida y permanencia en Brasilia de aquellos que perpetraron los ataques.
Para el juez del STF, «aunque hay fuertes indicios de autoría y materialidad en la participación de los crímenes», especialmente en relación con el intento de golpe, «hasta el momento no se han reunido pruebas de la práctica de la violencia, invasión de los edificios y depredación del patrimonio público».
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