Tal decisión fue dada a conocer en el balance sobre las más de mil 500 detenciones hechas entre el 8 y 9 de enero, fecha en que el campamento bolsonarista (adeptos del derrotado mandatario Jair Bolsonaro), frente al cuartel del Ejército en Brasilia, fue desmantelado.
Para De Moraes, mantener la prisión de las 140 va a garantizar el orden público y la efectividad de las investigaciones.
Después de mil 459 audiencias de custodia realizadas con los detenidos por la policía en el Distrito Federal (DF), el ministro firmó 200 órdenes contra los involucrados y espera terminar el viernes los análisis.
Los arrestados permanecen en el Complejo de Papuda y en el presidio femenino de la Colmena, ambos en el DF.
De Moraes apuntó evidencias de crímenes de actos terroristas, inclusive preparatorios, asociación criminal, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, amenaza, persecución e incitación al crimen.
En nota, informa que «consideró que las conductas fueron ilícitas y gravísimas, con la intención de, por medio de violencia y grave amenaza, coaccionar e impedir el ejercicio de los poderes constitucionales constituidos».
Insiste en que «hay pruebas en los autos de la participación efectiva de los investigados en organización criminal que actuó para intentar desestabilizar las instituciones republicanas».
De los 200 casos analizados por De Moraes, 60 tuvieron libertad provisional concedida, con medidas cautelares, como prohibición de ausentarse de la vivienda y recogimiento domiciliar en el período nocturno y los fines de semana con uso de tobillera electrónica.
Además, obligación de presentarse a la justicia, prohibición de salir del país con necesidad de entrega de pasaportes y cancelación de ellos.
El magistrado determinó asimismo a los liberados la prohibición del uso de redes sociales y la suspensión inmediata del porte de armas de fuego de cualquier tipo.
Para el ministro del STF, «aunque hay fuertes indicios de autoría y materialidad en la participación de los crímenes», especialmente en relación con el intento de golpe, «hasta el presente momento no se han reunido pruebas de la práctica de la violencia, invasión de los edificios y depredación del patrimonio público».
Con pedidos de intervención militar y rechazo a la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, grupos de extrema derecha partidarios de Bolsonaro irrumpieron violentamente y saquearon el 8 de enero las sedes del Congreso Nacional, el STF y la Presidencia.
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