Sin divulgarse su nombre, el sujeto es señalado como responsable de sufragar y movilizar bloqueos de carreteras en Río de Janeiro y fue encontrado en una posada en el estado de Espíritu Santo (sudeste).
Tal acción, realizada dentro el marco de la Operación Ulises que comenzó el 16 de enero, se dirigió a otras dos personas investigadas por encabezar actos extremistas, con la inclusión de la invasión y depredación de edificios públicos de los tres poderes del Estado en Brasilia, el 8 de enero.
El pasado lunes la PF arrestó a una persona en Río y luego una mujer, blanco de la operación, se entregó a la Policía.
Además de las detenciones temporales, la fuerza del orden público cumplió cinco órdenes de búsqueda y captura.
De acuerdo con la institución, durante la indagación, «fue posible recoger elementos de prueba capaces de vincular a los investigados en la organización y liderazgo de los eventos».
El material recolectado ayudará, además, a identificar más involucrados. Las disposiciones fueron expedidas por la séptima Corte Federal Criminal de Río.
La pesquisa comenzó con el objetivo de identificar líderes locales que bloquearon las carreteras que atraviesan Campos dos Goytacazes, en el norte fluminense, y organizaron las manifestaciones frente a los cuarteles del Ejército en la ciudad.
Por el momento, los hechos investigados son de asociación criminal, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho e incitación de las Fuerzas Armadas contra los poderes institucionales.
Con el pedido de intervención militar y rechazo a la asunción al poder de Lula, grupos de extrema derecha partidarios del derrotado mandatario Jair Bolsonaro, irrumpieron violentamente y saquearon el 8 de enero las sedes del Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal (STF) y la Presidencia.
El juez Alexandre de Moraes, del STF, decidió la víspera mantener en prisión preventiva a 354 involucrados en los hechos antidemocráticos.
Los detenidos responden por crímenes como terrorismo y golpe de Estado, y 220 personas fueron liberadas con medidas cautelares y otros 885 casos están siendo analizados.
De Moraes tiene la intención de hasta mañana terminar el análisis de la situación de los más de mil 400 presos por las incursiones y depredación en las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia.
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