Los manifestantes extremistas fueron detenidos en el campamento frente al Cuartel General del Ejército, en Brasilia.
En total, 98 personas fueron denunciadas al Supremo Tribunal Federal (STF) y resulta la tercera imputación presentada por la Procuraduría General de la República.
Una primera analizó los 39 detenidos en el Senado y, en la segunda, cinco fueron arrestados por su participación en los ataques contra el STF.
Los denunciados pueden responder por incitación al crimen, equiparada por la animosidad de las Fuerzas Armadas contra los Poderes Constitucionales, así como por asociación delictiva.
En la acusación, el coordinador del Grupo Estratégico de Combate a los Actos Antidemocráticos, subprocurador Carlos Frederico Santos, afirmó que «había una evidente estructura a garantizar perennidad, estabilidad y permanencia» de los terroristas que defendían la toma del poder.
Ahora, el pleno de STF decidirá si acepta la denuncia y convierte a los acusados en presos. Todavía no hay fecha fijada para el juicio.
También la PGR pide que se sustituya la prisión preventiva de los 54 denunciados por medidas cautelares.
Según el documento, la suma de las penas no supera cuatro años, condición establecida en el Código de Proceso Penal para la imposición de cárcel provisoria.
Entre las medidas cautelares sugeridas por el Ministerio Público figuran la prohibición de acceso a redes sociales, a contacto con los demás investigados y a cualquier establecimiento militar y a sus alrededores, con distancia mínima de 500 metros.
Santos indicó además que, al dirigirse al Cuartel General del Ejército, los denunciados se adhirieron a una asociación que, según las características, ya se mostraba estable y perenne, y tenía como objetivo la comisión de crímenes contra el Estado Democrático de Derecho.
El juez Alexandre de Moraes, de STF, determinó este lunes la apertura de seis investigaciones más para analizar la conducta de los golpistas involucrados en los actos de terrorismo.
Con pedidos de intervención militar y rechazo a la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, grupos de partidarios radicales de Bolsonaro marcaron en negro el 8 de enero en la historia nacional al invadir y saquear las sedes capitalinas del Congreso Nacional, el STF y la Presidencia.
jcm/ocs
