La AGU amplió el 19 de enero el pedido a participantes y empresas que supuestamente financiaron las manifestaciones antidemocráticas.
En la primera acción, 52 personas y siete compañías figuraban en la lista de responsables directa o indirectamente en los daños causados en los edificios del Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal (STF) y la Presidencia, en esta capital.
Según la abogacía, el objetivo de las medidas cautelares es asegurar que los bienes de los acusados puedan ser utilizados para resarcir los daños causados al patrimonio público, en caso de posterior condena definitiva.
El valor total que la AGU pide para ser bloqueado en sus dos acciones es de 18,5 millones de reales (poco más de 3,5 millones de dólares), teniendo en cuenta estimaciones de daños presentados en los predios de los tres poderes.
La nueva orden cautelar fue elaborada a partir de documentos de la Policía Civil del DF tras una decisión del ministro Alexandre de Moraes, del STF, quien decretó la prisión preventiva de los acusados.
Para la AGU, los extremistas adeptos del derrotado mandatario Jair Bolsonaro «participaron en la materialización de los actos de invasión y depredación de edificios públicos federales».
También, según la institución, los daños causados por las irrupciones violentas resultaron en perjuicios al propio orden democrático y a la imagen de Brasil como nación.
Por lo anterior, precisa la AGU, los deterioros deben pagarse de forma solidaria, conforme al Código Civil.
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