El documento fue entregado en la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo, a un año de la condena contra cinco expatrulleros de autodefensa civil (PAC) por delitos de violación sexual continuada y esclavitud.
Lucía Xiloj, abogada defensora en la causa, denunció que, desde el 16 de febrero del pasado año, los exmilitares presentaron apelaciones junto a la Procuraduría General de la Nación, y aún no hay respuesta.
El 7 de julio se fijó debate en segunda instancia, pero no se realizó, lo cual mantiene en suspenso la pena de 30 años de prisión inconmutables impuesta por la jueza Jasmin Barrios a Bernardo Ruíz Aquino, Bembenuto Ruíz Aquino, Francisco Cuxum Alvarado, Damián Cuxum Alvarado y Gabriel Cuxum Alvarado.
Los hechos se remontan a los años de 1980 a 1983, los más sangrientos del conflicto armado, periodo en que los antiguos miembros de las llamadas PAC al mando del Ejército violaron y abusaron a 36 mujeres que vivían en los alrededores del destacamento militar de Rabinal, departamento de Alta Verapaz.
Ellas tenían entre 12 y 53 años de edad y muchas ya habían perdido a sus esposos, padres, hijos o hermanos, luego de una ejecución extrajudicial o desaparición forzada.
Durante las audiencias, iniciadas el 5 de enero, se escucharon los testimonios de las distintas partes y de los peritos, quienes explicaron cómo la violencia sexual fue utilizada como arma de guerra del Estado contra la población civil.
Esta práctica se institucionalizó para someter a las mujeres achí, realizando violaciones individuales y colectivas, eliminando su pertenencia a una comunidad», contó entonces Xiloj.
Cuando las sobrevivientes se decidieron a hablar de violencia sexual, los testimonios empezaron a caer en cadena; primero se presentó una denuncia por parte de 11 víctimas en noviembre de 2011 y luego se sumaron otras más hasta llegar a 36.
Un 24 de enero, pero de 2022, quedó constancia del valor y derechos de las mujeres achí, al hacer públicas las violaciones de que fueron objeto.
Ese día, en la Plaza de los Derechos Humanos, en la Torre de Tribunales, realizaron un acto de agradecimiento, luego de la sentencia, histórica, pero todavía no firme.
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