“En vista que la Autoridad para las Alianzas Público Privadas ha mantenido en secreto absoluto la negociación y adjudicación de las propuestas de generación de energía, es meritorio que la Asamblea Legislativa, que representa a todos los puertorriqueños, investigue los asuntos relacionados a la negociación del contrato”, indicó el diputado Jesús Manuel Ortiz.
El legislador presentó, junto a sus correligionarios del Partido Popular Democrático (PPD) José Rivera Madera y Héctor Ferrer Santiago, las resoluciones dirigidas a investigar las negociaciones con la empresa Genera PR relacionadas al traspaso de la administración de la generación de la AEE, como parte de un proceso de desmantelar la corporación pública.
Ortiz, quien preside la Comisión de Gobierno de la Cámara, expresó que el gobierno no ha fiscalizado correctamente el cumplimiento del contrato de LUMA Energy, por lo que ahora pretenden hacer lo mismo con la generación de energía sin ofrecerle al país detalles del contrato, sin la certeza sobre qué pasará con los empleados y cuánto costará a Puerto Rico.
“El gobierno de Pierluisi, no puede seguir gobernando y negociando a puertas cerradas; ya basta de ocultarle al país las negociaciones al encubrir información importante que a largo plazo nos impactará a todos”, agregó.
Los diputados hicieron hincapié en que la Ley 120 de 2018 para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico establece que no podrán venderse o ceder la totalidad de los activos de la AEE a un solo contratante.
“Esto contrasta con la poca información que ha salido a la luz pública que otorga a un solo consorcio la generación de la energía en la Isla”, plantearon los diputados del PPD.
El legislador Rivera Madera cuestionó la selección del consorcio Genera PR, ya que uno de sus miembros tiene señalamientos ante el gobierno federal de Estados Unidos por incumplimiento de regulaciones.
“El consorcio que escogió el gobierno, es una filial de la empresa New Fortress que se dedica a vender combustible y gas natural; esto quiere decir que Genera PR le comprará a New Fortress y el negocio se quedará entre ellos”, adujo.
En tanto, Ferrer Santiago expresó que su preocupación principal es el costo que a mediano y largo plazo tendrán las personas con el costo de energía eléctrica.
“Nos parece insostenible que sin entrar en vigor el contrato, tendremos que pagar los gastos operacionales de la transacción, más el costo de generación por parte de las compañías privatizadoras”, recalcó.
Al igual que con LUMA Energy, es el pueblo el que pagará las malas decisiones de esta administración en privatizar servicios básicos como la generación de energía eléctrica, dijo Ferrer Santiago.
Para los legisladores, Puerto Rico necesita tener desarrollo económico y una parte fundamental es tener un sistema económico eficiente y confiable.
Pierluisi, quien preside el anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), apuntó que los detalles de la negociación se conocerán después de formalizado el contrato, tal como sucedió con el consorcio canadiense-estadounidense LUMA Energy.
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