Citada por el portal G1, la profesora Eloísa Machado, de Derecho Constitucional en la Fundación Getulio Vargas, en Sao Paulo, y una de las abogadas que actúan en la denuncia contra el exmilitar en el TPI, asegura que el Gobierno de Bolsonaro adoptó una política anti-indígena que mostró intención de destruir a esos pueblos.
De acuerdo con el estatuto de Roma, «el genocidio se entiende como cualquier acto realizado con la intención de destruir en todo o en parte a un determinado grupo, como por ejemplo un determinado pueblo indígena», señaló Machado.
Explicó que «los tipos de conductas que pueden caracterizarse como genocidio incluyen ofensas graves a la integridad física y mental, y también sujeción intencional a condiciones de vida que pueden destruir a un determinado pueblo».
Según la docente, en cuatro años de administración de Bolsonaro afloró esa política anti-indígena y ¿cómo puede el expresidente ser juzgado, castigado y responsabilizado por ello?
«Quien necesita ser convencido de que de hecho hay crímenes en curso u ocurridos y necesitan ser investigados es la fiscalía que funciona en el Tribunal Penal Internacional, muy similar a la figura que tenemos aquí del Ministerio Público», precisó.
Indicó que, de cinco a 10 años, es un plazo en el cual esa fiscalía se manifiesta sobre la efectiva apertura o no de una investigación y recordó que las primeras denuncias datan de 2019.
«Una vez abierta la investigación, ese fiscal reúne elementos, hace una propia más allá de lo que las organizaciones mandaron (a La Haya), y luego decide presentar una denuncia formal al tribunal, para indicar el tipo de crimen posiblemente cometido», reiteró.
Mencionó, en tal sentido, «crímenes contra la humanidad en la modalidad exterminio y persecución o genocidio», defendido por articulaciones de los pueblos indígenas de Brasil.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva calificó el 22 de enero de genocidio el escenario de los indígenas Yanomami, al constatar la catástrofe sanitaria que enfrenta ese pueblo en el norteño estado de Roraima.
«Más que una crisis humanitaria, lo que vi en Roraima fue un genocidio. Un crimen premeditado contra los Yanomami, cometido por un gobierno insensible (en alusión al de Bolsonaro) al sufrimiento del pueblo brasileño», escribió en la red social Twitter.
El escenario nacional está impactado por las imágenes que circulan en medios periodísticos y plataformas digitales de desnutrición infantil en pequeños nativos de esa región, en la cual se ubica la mayor reserva aborigen del gigante suramericano.
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