Ahora la causa del retraso fue la inasistencia de tres defensores de dos acusados, pero el pasado 19 de enero, tampoco inició la audiencia por un supuesto fallo en el sistema de audio.
Organizaciones civiles que siguen la causa, recordaron que en total esta es la décima ocasión en que no puede comenzar el debate contra varios implicados en el hecho ocurrido el 8 de marzo de 2017.
Entre ellos, tres exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social por supuestos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, homicidio y lesiones culposas y maltrato contra personas menores de edad.
Según explicó este miércoles la jueza del Tribunal Séptimo Penal, Ingrid Vanessa Cifuentes, recibió la excusa de dos abogados de Luis Armando Pérez, exjefe de operaciones de la Comisaría 13 de la Policía Nacional Civil (PNC), y del representante de Lucinda Marroquín, antigua subinspectora de la PNC.
Por su parte, Edgar Pérez, abogado de las familias de las niñas fallecidas en el «Hogar Seguro», llamó la atención sobre los recurrentes pretextos y pidió a la jueza nombrar sustitutos o sancionar a los asesores legales que no asistieron.
Como resultado, Cifuentes decidió declaran el abandono y asignó abogados de la defensa pública.
Marroquín es señalada de tener la llave del salón y no actuar con inmediatez en el momento en que vieron que el lugar donde encerraron a las niñas comenzaba a incendiarse.
Casi seis años después de la tragedia en la casa hogar a cargo del Estado, las familias de las 41 niñas muertas y de otras 15 sobrevivientes aún esperan por un veredicto.
El caso, que conmovió a la sociedad guatemalteca y al mundo, pasó a la etapa de juicio desde febrero de 2019.
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