«Vamos a mostrar al pueblo brasileño que el odio ha terminado. Que lo sucedido el 8 de enero (invasión y depredación de sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia) no se repetirá», manifestó el fundador del Partido de los Trabajadores.
Ante las autoridades en el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo, Lula pronosticó la recuperación de la democracia, pues su esencia es dialogar, «siempre que no obstruya el derecho del otro a hablar. Por eso digo que Brasil va a volver a la normalidad», apuntó.
El exsindicalista aclaró que no hará distinción entre los gobernadores que lo apoyan o se oponen, lo cual sería una señal de la pacificación en la política.
Prometió visitar la oficina de cada gobernador y «no voy a hacer como los terroristas e invadir» su oficina, de no querer.
En su discurso, Lula, junto al vicepresidente Geraldo Alckmin y otros ministros de Gobierno, refirió que no habrá veto a los pedidos de los gobiernos y que las demandas estaduales serán analizadas por la Unión.
Manifestó que uno de los movimientos para retomar la normalidad en el país es hacer que los tres poderes del Estado actúen dentro de sus competencias.
«Digo que Brasil necesita volver a la normalidad. Yo voy a trabajar mucho, conversar mucho, para que el Poder Judicial haga el papel del Poder Judicial, que el Congreso Nacional haga el papel del Congreso Nacional», remarcó.
Llamó a dejar de presentar acciones en el Supremo Tribunal Federal para impugnar las votaciones en el Parlamento y pidió dejar de judicializar la política.
«Tenemos la culpa de tanta judicialización. La gente pierde algo en el Congreso Nacional, en vez de aceptar las reglas del juego democrático de que la mayoría gane y la minoría cumpla lo aprobado», subrayó.
Además de la cuestión del Impuesto sobre la Circulación de Mercancías (ICMS), cada estado indicó en la reunión con el presidente tres proyectos locales y uno de importancia regional.
«Muchos estados perdieron más del cinco por ciento (de entradas de recursos). Esa es la primera medida. Otras podrán ser tomadas junto al Supremo Tribunal Federal. Tenemos que discutir qué podemos hacer para recuperar aún más los ingresos. Todos están perdiendo mucho», señaló Renato Casagrande, gobernador de Espíritu Santo.
De acuerdo con otras autoridades, las legislaciones fueron aprobadas el año pasado, durante la administración del derrotado mandatario Jair Bolsonaro, sin ningún debate con los estados.
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