De cumplirse la pena a muerte sería la primera de ese grado desde que en 1987 Kenya suspendiera de facto la ejecución de autores de delitos graves.
Otros dos encartados, una mujer y un hombre, ambos agentes de la Policía, fueron condenados a 24 años de prisión la primera y 30 el segundo por participar en lo que la corte calificó de “un elaborado y sucio plan para asesinar al abogado y desaparecer su cadáver”.
El informante policial Peter Ngugi, también implicado en el complot, fue sancionado a 20 años de reclusión penitenciaria.
En 2016 el encartado y sus cómplices, asesinaron al abogado, su cliente Josephat Mwenda y el chófer de taxi Joseph Muiruri, escondieron sus cadáveres en sacos de yute y los arrojaron al río Athi, pero los cuerpos reaparecieron una semana después en el condado de Machakos.
Las evidencias apuntan a que el abogado trabajaba en la Misión Internacional de Justicia, cuya función es investigar y documentar los asesinatos y casos de brutalidad policial en este país del oriente africano.
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