La contralora Yesmín M. Valdivieso estableció que al llegar a La Fortaleza, sede del ejecutivo, al mandatario no le gustaban los vehículos disponibles por lo que se trajo los que utilizaba en su comité del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), sin que se enmendaran los contratos.
Ocho de los vehículos tenían contrato entre el proveedor y el comité del PNP durante el periodo eleccionario, según la auditoría de la Contraloría de Puerto Rico.
En la administración de Rosselló Nevares, la Oficina del Gobernador pagó 313 mil 807 dólares por el alquiler de 14 vehículos sin que mediara un contrato que estableciera las responsabilidades de las partes, arrojó una auditoría.
Seis de ellos tenían una hoja de registro a nombre de la Oficina del Gobernador, sin cumplir con los requisitos formales de contratación, eran utilizados por el gobernante, la primera dama, las escoltas y hasta por Elías Sánchez Sifonte, cercano a Rosselló Nevares sin funciones en su administración pese a que en una época lo representaba en la Junta de Supervisión Fiscal.
“Esta acción es contraria a las leyes y reglamentos aplicables ya que la asignación de vehículos está limitada a ciertos funcionarios públicos”, estableció la contralora Valdivieso.
El gobierno de Rosselló Nevares se desplomó en el verano de 2019, luego de 14 días de manifestaciones multitudinarias tras divulgarse un chat de Telegram en el cual se burlaba, junto a su círculo de funcionarios más íntimos hasta de las muertes ocurridas durante el huracán María.
El gobernante de turno, Pedro R. Pierluisi, anticipó que se cobrará la Contraloría de Puerto Rico recuperará el dinero.
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