Sin citar el derrotado mandatario Jair Bolsonaro, Lula manifestó no tener dudas de que las acciones fueron trazadas por el garante mayor de toda la incitación al odio.
«Hoy no tengo duda de que eso (actos del 8 de enero) fue diseñado por el responsable mayor de toda predicación del odio, de la industria de mentiras, de noticias falsas, que ocurrió en ese país en los últimos cuatro años», indicó.
El fundador del Partido de los Trabajadores discursó e hizo referencia a la fecha, marcada en negro en la historia nacional, durante una reunión con líderes de partidos de la base aliada del gobierno, en el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
Con pedidos de intervención militar y rechazo a la asunción al poder de Lula, grupos de extremistas adeptos de Bolsonaro invadieron y depredaron en aquella fatídica jornada las sedes del Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal y Planalto.
A los líderes partidistas, el extornero mécanico defendió además «olvidar quién gobernó ese país hasta el 31 de diciembre» del año pasado, pero «no olvidar nunca el intento de golpe» del 8 de enero.
«Un intento de golpe que, posiblemente, podría haber sido organizado para el 1 (de enero) y no se cumplió a causa de la cantidad de gente en Brasilia», refirió al aludir a la gran presencia de público el día de la toma de posesión para su tercer mandato.
«Ellos (los terroristas) tomaron la decisión de hacer aquel vandalismo que ninguno de nosotros estábamos acostumbrados a ver en Brasil», remarcó.
Por la inmediata recuperación de la institucionalidad tras la rápida reacción del Gobierno y en especial de Lula, quien ordenó la intervención de la Seguridad Pública en el Distrito Federal (DF), se pudo controlar la situación en más de cuatro horas.
Cerca de mil 400 personas permanecen presas en cárceles o domicilios, al cumplirse este miércoles un mes de la intentona golpista que culminó con el saqueo de las sedes de los tres poderes.
Ante esos ataques se abrieron varias líneas de investigación en la esfera judicial, con arrestos de los participantes, alejamiento del gobernador del DF y exoneración de funcionarios.
Los detenidos responden por participación en actos antidemocráticos (asociación criminal), incitación a la animosidad de las Fuerzas Armadas contra los poderes constitucionales y, en algunos casos, depredación del patrimonio público.
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