Según se informó, la iniciativa quedó aprobada con 89 votos y fue enviada por los diputados de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
La exposición de motivos recordó que la Carta Magna en el artículo uno acuerda que todo nicaragüense debe preservar y defender la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional.
Al respecto, se mencionó la aprobación en 2020 de la ley 1055, la cual establece que los nicaragüenses ejecutores de actos que lesionen los intereses supremos de la nación se consideran traidores a la patria, sin perjuicio a las acciones punitivas establecidas en el código penal.
En ese sentido, el texto señala que en consecuencia con lo antes mencionado, “se hace necesario ampliar el artículo 21 de la Constitución, en el sentido de que los traidores a la patria pierden su calidad de nacional nicaragüense” por lesionar dichos intereses.
Durante la misma sesión los parlamentarios aprobaron otra normativa, Ley Especial que regula la pérdida de la nacionalidad.
La nueva legislación consta de cuatro apartados, el primero regula la pérdida de la nacionalidad estipulada en el artículo 21 de la Constitución.
El segundo, señala que las personas sentenciadas a tenor de lo dispuesto en la ley 1055 de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, perderán la nacionalidad.
Por su parte, el articulo tres establece que la autoridad judicial es la competente para aplicar la presente normativa tras notificarse al Consejo Supremo Electoral.
En tanto, el artículo cuatro dice que la referida ley entrará en vigencia a partir de su publicación en cualquier medio de comunicación social escrito o digital, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial.
El parlamento de esta nación centroamericana aprobó dichas normativas tras informarse esta mañana la deportación hacia Estados Unidos de 222 personas sentenciadas aquí por cometer actos que incitaron a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica.
El Tribunal de Apelaciones de Managua comunicó que los deportados fueron declarados traidores a la Patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de manera perpetua para ejercer la función pública en nombre del servicio del Estado de Nicaragua.
Además, fueron imposibilitados de ejercer cargos de elección popular, y quedaron suspensos sus derechos ciudadanos de forma perpetua.
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